El Ayuntamiento de Mérida instalará en varias calles peatonales de la ciudad cámaras para de esta forma evitar los estacionamientos y tránsito de coches «no autorizados». El Delegado de Seguridad del consistorio emeritense, José Fernández, aclara que se trata de un sistema de cámaras fotográficas, «en el que los residentes de la zona deben comunicar sus matrículas y vehículos a la central de la policía local y para que se recojan en un servidor común».

Un sistema que ha vuelto a generar dudas entre los vecinos de Mérida por si se vulnera o no el derecho a la imagen y a la intimidad. Lo cierto es que este sistema que se pondrá en marcha en Mérida tiene un funcionamiento sencillo. Se instalan dos cámaras en cada entrada y salida de las calles que se quieren controlar, «la primera cámara fotográfica detecta si ese vehículo está o no autorizado para entrar en la zona residencial, en el caso que no esté registrado, salta la segunda cámara que servirá para sancionar al conductor que infrinja estas zonas de paso restringidas». Las sanciones llegarán hasta los 90 euros por estacionar en dichas calles.

Por su parte el Grupo Municipal Popular solicitará una reunión extraordinaria de la Comisión de Policía Local para tener los detalles de la iniciativa. Los populares afirman conocer pocos datos sobre este nuevo sistema, aunque proponen al Consistorio seguir en esta línea de control, a través de cámaras, e incluso animan al equipo de gobierno a que firme un convenio con las instituciones autonómicas «que permita a la Policía Local utilizar las imágenes de videovigilancia que proporcionan los distintos circuitos de seguridad de la administración regional».

Quejas vecinales

Sin embargo, algunos vecinos no se muestran muy satisfechos con estas medidas de seguridad. «Nos tendrán que dar más datos, porque no me apetece ser grabada por las calles», señala una vecina de una céntrica calle emeritense.

Y es que el debate por las cámaras de seguridad se arrastra en Mérida desde hace años. Con el anterior gobierno popular, encabezado por Pedro Acedo, se decidió colocar cámaras de seguridad en los autobuses urbanos, una acción muy criticada por el actual equipo de gobierno socialista. Es más, el mes de junio, el consistorio emeritense retiró estas cámaras tras tener conocimiento de una sanción que interpuso la Agencia de Protección de Datos. En total 6.600 euros de multa a la empresa pública Transportes Urbanos de Mérida por colocar estas cámaras.

También, el anterior gobierno popular presentó ante el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida un proyecto de instalación de cámaras de seguridad en los monumentos como medida de protección ante los ataques vandálicos. «A mí lo que me parece mal es que cada gobierno juegue con la seguridad a su antojo. Espero que lo de las cámaras sea efectivo», apunta un comerciante. De momento las calles en las que se colocarán las cámaras se encuentran en el entorno de la sede de la Asamblea de Extremadura.pero el PP exige que se extienda a más zonas con problemas circulatorios.

Fuente: abc.es