El Ayuntamiento de Palencia aprobó ayer con el voto en contra del Partido Popular la modificación del Reglamento de Ficheros de Carácter Personal, con el fin de introducir los ficheros correspondientes al nuevo sistema de vigilancia mediante videocámaras instalado en la Casa Consistorial, tal y como establece la Ley de Protección de Datos.

Los populares se mostraron en contra de la modificación, ya que desde su punto de vista este reglamento presenta importantes deficiencias, ya que todavía recoge como personas autorizadas para consultar los datos referidos a los habitantes de Palencia a concejales que formaron parte del Ayuntamiento en anteriores corporaciones municipales. El edil del PP Santiago Vázquez se mostró crítico con la gestión del equipo de gobierno por no haber cumplido las propias cláusulas de este reglamento que obligan a que se actualice cuando hay cambios en los sistemas informáticos, de control o de personal en el Ayuntamiento, tarea que lleva varios años sin hacerse.

Por su parte, el concejal de Personal y Organización, Marco Antonio Hurtado, restó importancia al hecho de que todavía figuren como autorizados algunos ex concejales, e indicó que evidentemente carecen ya de esa facultad. Asimismo indicó que el PP ha puesto trabas en todo momento al proyecto de instalación de videocámaras, a pesar de que fueron los propios ediles populares quienes demandaron que se aumentaran las medidas de seguridad después del robo que sufrió su oficina municipal a principios de septiembre. Hurtado reprochó a los populares que reclamen ahora que sean los conserjes quienes efectúen las labores de vigilancia y control de acceso en el Ayuntamiento, ya que, según indicó, son funciones que legalmente le corresponden a la Policía Local.

Por otra parte, el Pleno aprobó también, aunque en esta ocasión con el voto en contra de la única edil de IU, Rocío Blanco, y la abstención del PP, la venta al constructor Ramón García de un terreno sobrante de vía pública en la calle Villacasares. Este terreno permitirá al constructor los metros necesarios para la edificación de un bloque de viviendas de precio libre.

Ante esta circunstancia, la edil de IU, que ya había conseguido paralizar esta venta en el pleno del mes de julio, insistió en que se trata de una actuación ilegal, ya que, según señaló, la normativa urbanística no permite vender el suelo municipal para viviendas de precio libre, sino únicamente para casas de protección oficial.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Julio López, defendió que la decisión de venta se basa en diversos informes técnicos y jurídicos, que defienden la legalidad de la enajenación de esta parcela de titularidad pública.

El edil socialista explicó que la Secretaría General del Ayuntamiento ha dado su visto bueno a la venta, ya que concurren causas suficientes para acceder a una excepción que recoge la ley para poder efectuar la enajenación prevista. Julio López señaló que esta actuación permitirá al propietario levantar el edificio, lo que sin este terreno le resultaría imposible, algo que Rocío Blanco negó, e insistió en que es un acto ilegal.

Fuente: nortecastilla.es