La Agencia de Protección de Datos cree que no especificó a los miembros de la antigua entidad con qué finalidad iba a utilizar los listados de socios.

La Cámara de la Propiedad Urbana, una asociación ubicada en la calle Nicaragua de Vitoria que reúne a unos 30.000 dueños de pisos y lonjas, se enfrenta a una importante sanción económica, cifrada entre 60.100 y 300.506 euros. ¿El motivo? La Agencia Española de Protección de Datos le ha abierto un expediente por girar a los socios de la antigua Cámara Oficial -dependía del Gobierno vasco- los recibos de las cuotas, cuyo importe medio es de 8,5 euros anuales. El organismo nacional encargado de velar por los datos personales considera que los responsables de la entidad no especificaron a los socios de la antigua la finalidad para la que iban a utilizar los ficheros.

Según el Gobierno vasco, la Agencia de Protección de Datos ha abierto este expediente a la asociación Cámara de la Propiedad Urbana a instancias de un particular, al que se giró la cuota de 2006. Lo ha hecho también por la denuncia del propio Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales.

Esta versión, sin embargo, es negada por los abogados de la nueva Cámara de la Propiedad Urbana. Los letrados aseguran que la denuncia del particular -formulada en junio de 2006- fue archivada porque la investigación emprendida resultó negativa. «Y así se recoge el acta favorable que la Agencia de Protección de Datos emitió en diciembre de ese mismo año», señalan. Los mismos medios añaden que el expediente responde sólo a la denuncia de la consejería de Madrazo, de enero de 2007.

Nueva denominación

La asociación va a recurrir el expediente al considerar que ha actuado sin saltarse la legislación. Recuerda, en este sentido, que la propia Agencia de Protección le autorizó a utilizar la base de datos de la etapa anterior, y que remitió una carta a todos los antiguos socios pidiendo su conformidad para usarlos «de la misma forma en la que hasta ahora lo han venido siendo». La agencia, en cambio, opina que debía haber concretado la finalidad.

La Cámara relaciona el expendiente con las «trabas del Gobierno vasco, que no deja de inmiscuirse en la vida de una entidad privada». La pugna existente desde hace ya dos años ha llevado al colectivo a cambiarse de nombre, sin esperar a la sentencia del Suremo: ahora se llama Asociación de Propietarios Urbanos de Álava.

Fuente: www.elcorreodigital.com