Cualquier persona que desee saber algo de alguien suele teclear el nombre de ese alguien en Google, y con un poco de suerte, tendrá ante sus ojos toda la vida y milagros de esa persona. Es fácil, rápido, efectivo, se le llama «googling» y en ocasiones puede revelar datos sobre el pasado que más de uno hubiera deseado que no salieran a la luz: multas, antecedentes penales… Nada se le escapa a Google.

«El pasado nos persigue». Esta afirmación, algo peliculera, en algunos casos puede convertirse en una realidad muy desagradable.

Toda persona tiene derecho a evitar que determinados datos de su vida privada no salgan a la luz, en este caso no sean rastreados por el buscador. Eso sí, siempre y cuando la información no sea de interés general, un hecho noticioso, y cuando exista un «motivo fundado», como el respeto a la dignidad y el derecho al honor.

Esto es lo que ha ocurrido con el subdirector de un colegio, que en 2006 fue sancionado por orinar en la calle. Al no poderle notificar esta multa en persona, ésta es publicada en el BOP («Boletín Oficial de la Provincia»), tanto en el formato en papel como en el digital, y por ello, cada vez que los alumnos meten el nombre de su subdirector en el buscador, aparece este desagradable dato. El hombre, se puso en contacto con Google, pero le respondieron que si el «Boletín Oficial de la Provincia» no eliminaba los datos, ellos no podían hacer nada, ya que los robots que rastreaban la web volverían a encontrar la noticia y a añadirla. El subdirector del colegio acudió a la Agencia de Protección de Datos y consiguió su objetivo usando una estrategia muy acertada: no pidió que el «Boletín Oficial» borrara los datos, sino que Google no los rastreara ni los hiciera públicos. En una resolución de 20 de noviembre de 2007, la Agencia de Protección de Datos le reconoce el derecho a oponerse a que el buscador maneje la información relativa a su multa. No sólo pide que desaparezca la sanción de sus índices actuales, sino que va más allá al tener Google que encontrar los medios para que esa información no vuelva a aparecer en el futuro. La Agencia dice que la ley de Protección de Datos y la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico amparan al profesor. Y que la publicidad universal de la sanción a través de Google atenta contra su dignidad.

Google, por su parte, aunque no ha recurrido, insiste en que si la Diputación Provincial no bloquea los datos de la multa, los robots de búsqueda volverán a encontrarla.

Fuente: www.lne.es