La Agencia Española de Protección de Datos acaba de dictar una resolución en la que culpa a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía de haber arrojado a la basura decenas de documentos entre los que había algunos que contenían información de carácter personal. Para la citada institución, Cultura cometió una infracción «grave» –en realidad, aclara Protección de Datos, fueron dos, pero en esos casos solo se destaca la más seria–. Por suerte para la Junta, «y dado el carácter puntual del hecho», el ‘castigo’ se limita exclusivamente a dejar patente el reproche. Bueno, y tal como prevé la ley, el organismo en cuestión también anuncia su intención de remitir el expediente al Defensor del Pueblo.
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